La intervención del Ayuntamiento de Valéncia destapa la irregularidades del ente fallero
Una auditoría integral elaborada por la Intervención del Ayuntamiento de València ha detectado que Junta Central Fallera incumplió en el año 2017 la normativa del sector público en diferentes adjudicaciones que suman un valor de 652.194 euros. Incluso expone que ha habido mal uso de convenios por valor de casi 200.000 euros.
Este informe que ha elaborado este órgano de control también señala expedientes como los contratos de los castillos disparados en fallas, considerando que no puede fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir así los requisitos de publicidad.
Según, informa el diario Valencia Plaza “El aspecto más llamativo es el referido a las contrataciones, en el que la Intervención estudia la legalidad tanto de los procedimientos como de su adjudicación y desvela que en aquel año el ente fraccionó contratos por importe total de 190.497 euros.
Uno de los expedientes que estudia con detenimiento, por ejemplo, corresponde a los castillos del programa de Fallas, en el que se incluyeron varios contratos: uno de 46.281 euros (sin IVA) y otros tres menores de 16.116 euros cada uno con el mismo objeto y formalizados con adjudicatarios diferentes.”
El informe demoledor contra la gestión del edil, Pere Fuset que preside la entidad fallera, destapa deficiencias en expedientes y fraccionamiento en la contratación de las mascletaes “23 contratos menores de entre 3.300 y casi 5.000 euros cada uno -siempre sin IVA- (95.868 euros en total) que considera el Interventor que se adjudicaron vulnerando la legislación porque tenían el mismo objeto y al fraccionarse se pasaron por alto los requisitos de publicidad, al mismo tiempo que, por otro lado, se concentraron en un mismo expediente.”
En declaraciones a Valencia Plaza, Pere Fuset explica que en 2017 «se seguía lo hecho anteriormente y que nunca había sido cuestionado» y asegura que en los últimos años, desde el servicio de Cultura Festiva que dirige «se ha ido desarrollando una procedimiento diferente más ajustado a la consideración artística de la pirotecnia que se aplicará también a Junta Central Fallera». Una consideración que, insiste, tuvo el respaldo unánime en el pleno. «No se pueden tratar dichos espectáculos y a los pirotécnicos valencianos de igual forma que se contrataría a un proveedor de tornillos», defiende Fuset a este respecto.
El informe también desvela diversos contratos menores otorgados a la misma empresa y con el mismo objeto (sin publicidad ni libre concurrencia) que ascienden a 107.000 euros (on cuatro de servicio de retransmisión televisiva, cuatro de servicio de sonido, tres de servicio de iluminación y dos de espectáculo)
Fuset insiste que responden a «prácticas históricamente consolidadas» anteriores a 2015. Así, dice que los contratos de 2017 todavía no se regían por la nueva legislación que entró en vigor en 2018 y por ello aún «se seguía el procedimiento histórico utilizado desde hacia décadas». El edil aduce asimismo la falta de personal técnico: «solo dos auxiliares administrativos gestionan un gran volumen de presupuesto en un organismo singular, integrado por cerca de 200 voluntarios mayoritariamente elegidos directamente por las comisiones falleras y sin formación técnica».
Y por otro lado, subraya que esta auditoría «forma parte del plan aprobado por el gobierno de Joan Ribó con el objetivo de tener una visión lo más completa posible del funcionamiento interno de los organismos autónomos». «Es la primera vez en la historia que se somete a este organismo a esta auditoría», explica, e insiste en que el organismo está mejorando en su gestión: «Si la misma auditoría se hiciera para el año 2020, el resultado sería manifiestamente mejor; si la misma auditoría fuera de antes de 2015, daría un resultado manifiestamente peor», declaraba a Valencia Plaza.
La intervención del Ayuntamiento de València también carga contra el órgano fallero por la formalización de diez convenios de colaboración que deberían ser contratos publicitarios, por un valor de 200.000 euros.
Y respecto a las ayudas y subvenciones concedidas, se estudia la concesión de unos premios a diferentes comisiones falleras que ascendieron a 283.000 euros, y la Intervención apunta que no se aplicaron los principios de transparencia, publicidad, concurrencia y objetividad porque no se aprobaron unas bases reguladoras. Además, tampoco se publicó en el portal de transparencia la información de la concesión de las ayudas. Y en esta línea, otro de los puntos que pone de relieve es que la Junta Central Fallera carece de un plan estratégico de subvenciones en el que se concreten los objetivos y efectos que se pretenden conseguir, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, concluye Valencia Plaza.
Fuente: Valencia Plaza
